ECONOMÍA HOY

Una gran bola con destellos dorados se alza como estandarte de nuestra economía 

El Gobierno se atasca en la ejecución y el calendario de los fondos europeos

La CEOE advierte de que solo se ha abonado a los beneficiarios el 25% del total de los recursos comunitarios que corresponden a España

Daniel Caballero y Susana Alcelay  21/06/2025 a las 03:51h.

Cuando la Unión Europea puso sobre la mesa el Mecanismo de Recuperación para relanzar el Viejo Continente tras el Covid, eran muchas las voces que planteaban ya entonces que el reto de gasto, ejecución y cumplimiento era enorme. Cuatro años después de que España presentara su plan de recuperación para acceder al millonario maná de los fondos europeos, el tiempo ha demostrado las enormes dificultades que afronta nuestro país para sacar adelante lo comprometido. A esta realidad se une un funcionamiento del proceso con muchas carencias: plazos comprimidos, falta de transparencia, de colaboración pública privada, exceso de burocracia... las empresas llevan años clamando contra el funcionamiento de una inyección millonaria que no está fluyendo a la economía española como estaba previsto.

El Gobierno de Pedro Sánchez arrastra un fuerte atasco tanto en la ejecución de los fondos europeos como en el calendario de pagos pactado con Bruselas. Así se desprende del séptimo informe elaborado por la patronal CEOE, en el que se advierte del escaso dinero que ha llegado a la economía real y que, a futuro, el panorama es muy complejo. Es una denuncia que, de forma recurrente, ha realizado la organización que preside Antonio Garamendi durante estos años, además de la falta de transparencia en las convocatorias o en las líneas de financiación.

Hasta este mes de junio, el Gobierno ha resuelto 51.355 millones en convocatorias y licitaciones. Del total resuelto, 31.662 millones de euros a través de la Administración del Estado (un 61,65%) y 19.693 millones de euros a través de las comunidades autónomas (el restante 38,35%). Sin embargo, resolver convocatorias no significa que los recursos económicos se haya desplegado, porque en muchos casos eso incluye un proceso farragoso hasta que la empresa o los particulares reciben el dinero. Hasta abril, último mes con cifras, como recoge la CEOE, de los 34.236 millones presupuestados para 2024, el Gobierno ha realizado pagos por valor del 26,6% -9.115 millones de euros-.

La patronal hace balance de pagos también desde el inicio del plan y el resultado no es halagüeño: «El número total de pagos realizados en los tres años de asignación asciende a 41.207 millones de euros, apenas un 25% del total de pagos a realizar -de 163.000 millones de euros, el total del plan-. En el año 2021 solamente se pagó el 45,5% del total comprometido para el periodo; en 2022, el 39,6%; en 2023, el 27,3%; y en 2024, el 26,6%».

El atasco en la ejecución es evidente, más aún si se tiene en cuenta que el calendario para pedir y ejecutar los fondos europeos termina en la segunda parte de 2026. El tiempo apremia, y por ello la CEOE insiste en «la colaboración público-privada» para el despliegue de los recursos europeos, «así como una mayor transparencia en la información de su avance, que aumentará el grado de confianza y el acceso de los beneficiarios finales». Para los empresarios la colaboración público-privado es uno de los principales cuellos de botella para que las empresas puedan conocer, acceder y recibir proyectos asociados a los fondos europeos.

Entre tanto, el calendario de desembolsos es una tensión creciente, como destaca la CEOE. Hasta la fecha se han recibido 48.283 millones de euros del total de 163.000 millones. Pero hace ahora un año que España no percibe ni un euro más de fondos europeos porque el cumplimiento de las inversiones y reformas comprometidas con Bruselas fueron muy ambiciosas y ahora es un dolor de cabeza cumplir el compromiso adquirido, motivo por el que el Ejecutivo no quiere arriesgarse a pedir más recursos a Europa sin tener cumplidos al menos la mayoría de compromisos de cada tramo de solicitud.

A finales de mes terminaría el plazo para estar pidiendo ya el séptimo desembolso, pero la realidad es que el Gobierno va aún por el quinto. El último recibido fue un pago parcial por el cuarto desembolso hace justo un año.

Problema con el calendario

Este quinto pago se está resistiendo. Se solicitó en diciembre de 2024, con modificaciones del plan original para facilitar su recepción en lo que llamaron el quinto pago ampliado. El Ejecutivo solicitó de golpe 25.100 millones, por los retrasos que acumulaba. Pero la aprobación de la Comisión Europea no termina de llegar, «fundamentalmente por la falta de cumplimiento de un hito clave al amparo del quinto pago: el impuesto del diésel», como indica la CEOE. En este sentido, la patronal espera que haya un recorte de fondos en este pago por incumplir ese hito, algo que en el Gobierno español ya empiezan también a asumir.

«España se sitúa a la cabeza en términos de fondos recibidos en subvenciones (siendo el segundo país con mayor dotación presupuestaria solicitada por detrás de Italia). No obstante, se encuentra a la cola en el avance del total de fondos recibidos, en comparación con el avance registrado en países como Francia, Alemania o Italia (con un 77%, 65% y 63% de fondos recibidos sobre el total respectivamente)», señala la organización empresarial.

La Comisión ha recalcado que el plazo final para la ejecución de los fondos continúa fijado en el 31 de agosto de 2026

A futuro el problema del calendario amenaza con agrandarse ya que, en teoría, hay hasta agosto de 2026 para ejecutar y comprometer los fondos europeos. Aunque aquí se especula con que habría flexibilidad hasta el 31 de diciembre, cuando termina oficialmente el Mecanismo de Recuperación para todos los países, el atasco en las solicitudes hace prever que de ninguna manera se llegaría a pedir todos los fondos ni a ejecutarlos por completo.

La CEOE considera «muy difícil» que se puedan acometer todas las inversiones, y destaca que también hay factores externos como la guerra de Ucrania, los costes energéticos y la inflación que han afectado a la ejecución de los proyectos. Sobre los de infraestructuras en concreto, los empresarios denuncian que «apenas cuentan con plazos de ejecución de 18 meses hasta el plazo límite del plan, mientras que en otros programas de financiación europea de ayuda directa, estos proyectos contemplan planes de cuatro años».

Más tiempo a los países

La clave de todo estará en que la Comisión Europea permita pedir y ejecutar a los países más allá del próximo 2026, o abrir una vía para redistribuir fondos a otros mecanismos. Es lo que ha solicitado el Gobierno español en alguna ocasión, y también apuntan a ello los empresarios para no perder fondos aunque con pocas esperanzas de que pueda ocurrir. «Todo parece indicar la dificultad de que la Comisión Europea puede finalmente aprobar una ampliación del plazo», asegura la patronal.

Los empresarios piden también que «se tengan en cuenta «los efectos devastadores de la Dana en España, que no sólo requieren un tratamiento individualizado que permita hacer frente a los daños ocasionados y facilite la recuperación de la zonas afectadas, sino que implican retrasos en la ejecución de proyectos definidos y una reasignación de recursos».

Xavier Vilaltella escribió para el ABC el 3 de junio de este año el siguiente artículo. 

03/06/2025  Actualizado 19/06/2025 a las 18:58h.

La OCDE ha acabado con la excepcionalidad española y, por primera vez desde que Donald Trump desató la guerra comercial, ha enfriado la previsión de crecimiento de nuestra economía. En su último informe, el organismo internacional prevé que el PIB español crecerá un 2,4% en 2025, dos décimas por debajo de la estimación de marzo, cuando publicó su último boletín de perspectivas económicas. Y para 2026, el dato queda en el 1,9%, también, dos décimas menos de lo pronosticado hace dos meses.

Tras un 2024 en el que el PIB nacional avanzó un sensacional 3,2%, situándose a la cabeza de una eurozona por lo demás deprimida por la atonía de la economía alemana -cinco países de la zona euro terminaron el año en recesión-, en marzo la OCDE elevó tres décimas con respecto al cálculo de diciembre la previsión de crecimiento para España. Junto a Turquía, fue la única de las grandes economías a la que el organismo internacional bendijo con una estimación al alza.

Entonces, aún no había llegado el ya célebre 'liberation day' de Trump, ni tampoco la tormenta que siguió; desplome de los pedidos en todo el mundo, sacudida en las Bolsas, venta masiva de bonos de EE.UU. y rectificación parcial de Trump, que se avino a negociar sendos compromisos con la UE, China, México y Canadá.

Sí era previsible que se avecinaba una sacudida a la economía mundial, pero muchos esperaban que la poca exposición de nuestro país al comercio con EE.UU. -solo el 5% de las exportaciones van a ese país- mitigaría el golpe. Sin embargo, a esto se oponen muchos argumentos. Por ejemplo, que más de la mitad de nuestras exportaciones van a la UE, lo que crea vulnerabilidades indirectas debido a la caída de la demanda externa. De hecho, cuando el INE confirmó el dato del PIB de 2024, ya avanzó que el buen desempeño se debía a la robustez de la demanda nacional, que contribuyó en 2,8 puntos frente a los 0,3 puntos que aportaron las exportaciones.

También la OCDE, en su informe publicado hoy señala que la demanda doméstica será el motor del PIB, entre otras cosas por un mercado laboral que considera «robusto», una inflación a la baja (1,9% en mayo) y un acelerón de la inversión auspiciado por la rebaja de tipos y los fondos europeos (Next Generation).

Sin embargo, y como ya se ha avanzado, el 'think tank' de las grandes economías identifica como influjos negativos la caída de las exportaciones, que «refleja la débil demanda de los socios comerciales« -se lee en el informe-, la creciente fragmentación del comercio mundial y el efecto directo de los aranceles impuestos por la nueva Casa Blanca; hay que recordar que en este momento pesa sobre la UE la amenaza de una tasa del 50%.

Aprovechar el PIB y reducir el déficit

El boletín de la OCDE también pone deberes al Gobierno de Pedro Sánchez, fundamentalmente, la consolidación del crecimiento potencial -léase, aprovechar el empujón del PIB- y el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal. Sobre esto último, hay que recordar que las administraciones cerraron 2024 con un déficit del 3,15%, algo más de una décima por encima de los tres puntos pactados con Bruselas. Para 2024, la OCDE prevé un déficit del 2,8%, y achaca esta moderación a la paulatina retirada de las medidas especiales que se adoptaron para paliar los efectos de la pandemia primero y la guerra en Ucrania después, entre otras razones.

No obstante, el organismo también avisa de que «la consolidación resulta esencial para situar el gasto público en una senda descendiente, cumplir las reglas de la UE y acomodar la creciente presión de gasto derivada del envejecimiento poblacional y la transición verde», se lee en el informe. Es decir, que otro organismo internacional -el FMI ya lo hizo en abril- advierte sobre el riesgo potencial del agujero de las pensiones (la deuda de la Seguridad Social ya supera los 126.000 millones).

La lista de deberes sigue con advertencias sobre el estancamiento de la formación bruta de capital por persona en edad de trabajar, que se ha mantenido por debajo de la media europea desde la crisis financiera de 2008, y sobre el insuficiente dinamismo de la recuperación de la inversión tras la pandemia.

Es la misma opinión, en fin, que ya expresó el Consejo General de Economistas en febrero, cuando recordó al Gobierno que, con los actuales niveles de crecimiento, el objetivo debería ser tener superávit fiscal y no, simplemente, cumplir la regla de gasto con Bruselas. Es decir, más competitividad, más productividad y más estabilidad regulatoria.