CAMELO CARAMELO TÍPICO DE EL PAÍS
PRIMERA
PARTE
Pedro Sánchez frunció el ceño, arrumbó
la nota que le habían preparado para la rueda de prensa, entró en un despacho
del desierto edificio del Consejo, en Bruselas, se sentó ante el primer
ordenador que vio encendido y se despojó de la chaqueta y los zapatos. La
adrenalina acumulada durante cinco días de insomne cumbre europea y seis meses
de negociaciones al límite, en los que en un último esprint se había fajado en
Berlín, París, La Haya y Estocolmo con los líderes “frugales”, los que
defienden la austeridad, intentando convencerles de la necesidad de reconstruir
juntos Europa de forma solidaria y con una deuda compartida tras sufrir la peor
pandemia en un siglo, le sumió en un profundo estado de vigilia. En pleno
subidón, tecleó: “Es un auténtico Plan Marshall con el que Europa ha enviado un
mensaje contundente al mundo, diciendo que está lista para los desafíos”. Eran
poco más de las seis de la mañana del 21 de julio de 2020. Un rato antes, a las
5.31, el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, había lanzado
un esperanzador tuit al ciberespacio: “¡Lo hicimos! Hemos llegado a un acuerdo
sobre el paquete de recuperación y el presupuesto europeo para 2021-2027″.
El centro de FP
Aguas Nuevas (foto)
Envuelto en la profusa jerga
comunitaria, el agónico pacto rubricado in extremis en aquellos cinco días de
julio de 2020 por los 27 socios europeos se concretaba en el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, dotado con 750.000 millones de euros, con el objetivo
de reflotar la UE y prepararla para el futuro. De ellos, 390.000 millones
serían transferencias a los Estados que no tendrían que devolver. Y el resto,
los 360.000 millones adicionales, adoptarían la forma de préstamos captados en
los mercados de capitales a los inigualables tipos de interés de la
calificación triple A de la UE (ahora, en tiempos de dinero caro, una
bendición).
A cambio, la Comisión Europea (el
Ejecutivo comunitario) exigía que cada país llevara a cabo las reformas e
inversiones en gobernanza, sostenibilidad o lucha contra el cambio climático
que durante años les había recomendado y los socios habían pospuesto porque no
eran vinculantes. Ahora sí lo eran. Cada gobierno debía desempolvarlas y
remitirlas a la Comisión para su aprobación. Las denominadas propiamente
reformas en el léxico comunitario tendrían un carácter legislativo (en el caso
de España, en torno a 60 nuevas leyes, como la concursal, la de
telecomunicaciones, la laboral o la de pensiones, ya aprobadas por Bruselas). Y
las inversiones, un carácter cuantificable, como la digitalización de un millón
de pymes, la creación de 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos o la
rehabilitación energética de un millón de viviendas (cuya puesta en práctica
está siendo mucho más lenta). Eran 102 reformas y 110 inversiones para España,
que a su vez se dividían en 416 hitos y objetivos. Y estos, a su vez, en
proyectos y subproyectos que debían permear hasta las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, que a su vez deberían cumplir su parte de los objetivos
(denominados “metas volantes”), documentarlos y rebotarlos de vuelta a la punta
de la pirámide (el Gobierno). Y de ahí a Bruselas para su examen. Todo a través
de un sistema telemático de gestión y control ideado por el Ministerio de
Hacienda denominado Coffee, cuya implementación era vinculante para el primer
pago, pero ha tardado más de un año en estar operativo (ante la generosa manga
ancha de la Comisión Europea). Una de las altas funcionarias que lo han hecho
posible afirma que sacarlo adelante “sobre la marcha” ha sido “una heroicidad”.
En estos momentos, el Reino de España ya ha cumplido un 30% de los hitos y
objetivos pactados con Bruselas. Y el sistema Coffee es transparente (según
pudo comprobar este periódico) y progresa adecuadamente a pesar de las dudas
iniciales y los duros ataques de la oposición, incluso en Bruselas.
Las comunidades autónomas gestionarían
en torno al 50% de los fondos, pero no decidirían sobre su destino. Lo haría el
Gobierno. Algo en lo que no todos los ejecutivos autonómicos están de acuerdo.
Pero que reafirmó la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en el primer
momento. En una entrevista para este reportaje, Calviño remachó: “Es un plan de
país. Solo hay uno. No se puede solapar, no puede haber duplicidades; no es un
plan para que cada territorio tenga su aeropuerto, sino para su transformación
y cambio estructural. Y requiere que todos rememos en la misma dirección. La
descentralización de España añade complejidad a la gestión, pero también
eficiencia. Hemos realizado 139 conferencias sectoriales ente los ministerios y
las comunidades y navegamos a velocidad de crucero con 2.000 millones de euros
al mes en convocatorias”.
Entrenamiento de
las chicas del UDG Tenerife (foto)
Frente a ese diseño top down, un
documento del Partido Popular critica lo que considera una total ausencia de
cogobernanza: “La responsabilidad del Gobierno no se puede trasladar a las
comunidades cuando son ellos los responsables del diseño, forma de reparto y
establecimiento unilateral de las condiciones de las convocatorias”. Por encima
de esos desacuerdos dialécticos, la Administración General del Estado ha
autorizado transferencias a las comunidades por valor de 21.609 millones de
euros. Andalucía, gobernada por el PP, se ha llevado la mayor tajada: 3.420
millones.
El Plan suponía someter a las
administraciones a una profunda prueba de estrés: gestionar más dinero con los
mismos funcionarios y mediante un sistema en embrión. “Es un barco construido
mientras navegábamos”, resume Pilar Blanco-Morales Limones, vicepresidenta y
consejera de Hacienda socialista de la Junta de Extremadura. La Comisión
examinaría dos veces al año de forma exhaustiva el cumplimiento de las reformas
e inversiones a las que se había comprometido cada país (“los exámenes de la
Comisión son una tortura”, explica un alto responsable público) y, si había
cumplimiento, abonaría una fracción del importe total pactado (entre 6.000 y
12.000 millones en cada entrega semestral) hasta la primera mitad de 2026,
cuando se cerraría el grifo. Y si no había reformas, no había millones. Si del
paquete semestral pactado faltaba por resolver algún compromiso y no se
resolvía el entuerto en seis meses, se descontaría un porcentaje del total a
recibir, que en el caso de alguna reforma clave para España, como la de las
pensiones, podía haber acarreado la pérdida de 700 millones de euros. Y un
borrón en la imagen del país. Algo que en tres años no ha ocurrido en España,
aunque en ocasiones haya sido aprobado por los pelos. Italia, sin embargo,
tiene bloqueados puntualmente 19.000 millones por la Comisión Europea.
Una startup
sevillana que ha recibido 788000 euros para el desarrollo de un cargador
ultrarrápido para vehículos (foto)
“Es un modelo de pago por desempeño
habitual en el Banco Mundial”, explica Paloma Baena, directora de la Unidad
Next Generation EU de la consultora LLYC. “Eso le da credibilidad al sistema y
obliga a que los 27 países de la UE se centren en un abanico de reformas que la
Comisión acota, y que no vaya cada uno por su lado. Según el reglamento, cada
Estado debe destinar al menos un 37% de los fondos recibidos a la transición
ecológica y un 20% a la digital. Una media que en España se eleva al 40% en lo verde y al 30% en lo
digital. Y no se pueden usar para gastos corrientes. Las reglas de juego
están claras”.
Esas reformas decididas por el Gobierno
de Sánchez a cambio de recibir los millones de Europa han sido uno de los
motivos de crítica al Plan (junto a la falta de transparencia y consenso) por
parte del Partido Popular y su entorno. Por ejemplo, la CEOE (que ha actuado en
este asunto como en otros económicos como su cerebro gris), en cuyo nombre,
Luis Socías, adjunto al secretario general, critica: “Las reformas de Sánchez son la
traslación del programa del gobierno de coalición al Plan. Ha pesado demasiado
la ideología en su diseño. Hay un exceso de reformas frente a inversiones.
Sobran cuestiones sociales y faltan los incentivos fiscales o apostar más por
las pymes”. Desde el corazón de La Moncloa, Manuel de la Rocha, principal
asesor económico del presidente y pieza fundamental en la elaboración del Plan,
responde sin tapujos: “Son reformas acordadas con la Comisión Europea y que
responden a nuestras prioridades políticas. Y sí, se basan en nuestro
programa”.
Llueve dinero sobre el Viejo Continente.
Y dinero llama a dinero. El Gobierno habla de movilizar unos 500.000 millones
de euros en inversiones privadas gracias a la capacidad de arrastre de los
fondos (algo así como cuatro euros por euro público invertido). El Mecanismo
supone un cambio de paradigma en la Unión Europea. Aunque no se trata de una
fórmula infalible, por primera vez en más de una década se trata de invertir,
gastar y estimular la economía, no de recortar. De salir del atolladero todos a
una. El paradigma neoliberal de la austeridad y la alergia al endeudamiento que
imperó durante la crisis financiera desde 2008 hasta 2014 ha volado por los
aires. Nadie se explica muy bien cómo. Todo fue muy rápido en las negociaciones
de julio de 2020. “La Comisión Europea metió prisa (por primera vez en su
historia), y el Consejo cogió el guante”, explica la europarlamentaria Isabel
Benjumea, martillo incansable del PP contra la gestión de los fondos por parte
de Sánchez. “En aquellos días de pandemia hubo terror en la Unión Europea. Se
pensó que era el final. Y se reaccionó con un plan exprés, único para todos y
que era inédito en su funcionamiento, porque dejaba a los Estados la libertad
de decidir qué reformas tenían que acometer para conseguir el dinero. Pensaban
que el impacto de la pandemia iba a ser el mismo en toda la Unión. Parecía que
no había tiempo. Y luego se demostró que el país que peor lo había hecho era
España y por eso era el que más dinero se iba a llevar”, apunta Benjumea.
Varios chips
resultado del proyecto European Processor Initiative, del Barcelona Supercomputing Center (foto)
La UE se endeudaba por primera vez. Era
deuda de todos. “Y eso nos ata para el futuro”, afirma un político socialista.
Un paso de gigante en la pendular y siempre vacilante integración europea. En
junio de 2012, la todopoderosa canciller alemana Angela Merkel había proferido
tajante: “Europa no tendrá deuda compartida mientras yo viva”. Sin embargo, en
esta crisis, la Unión viraba y actuaba como un “Estado emprendedor” y apostaba
por un “crecimiento inclusivo”, como lo define la economista socialdemócrata de
moda, Mariana Mazzucato, de lectura obligada intramuros de La Moncloa.
Una metamorfosis que no agradó a los
sectores neoconservadores europeos. Los que afirman que el norte trabaja
mientras el sur despilfarra. Pero que sabían que, si la UE reventaba y
desaparecía el euro y “se rompía el mercado interior” (como le expuso Sánchez a
Merkel durante la dura negociación), no tendrían a nadie a quien vender sus
coches y lavadoras. En España, por ejemplo, no le gustó a Javier
Fernández-Lasquetty, el hombre de los números de la presidenta Isabel Díaz
Ayuso en su condición de consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid. Según Lasquetty, veterano colaborador de José María Aznar
y Esperanza Aguirre, y uno de los neoliberales más preclaros del PP (cuya
comunidad tiene asignados a mes de marzo por el Gobierno de Sánchez 2.374
millones de euros de los fondos), “una generación de políticos de izquierda y
derecha en la UE siguen pensando que todo se soluciona con gasto público,
endeudándonos, y así estamos…, con una inflación del 7% [en la zona euro]. Este
Plan se hizo para que Europa no estallara y no va a transformar nada, más allá
de que te cambien las ventanas de tu casa. La planificación central no
funciona. Propusimos hacer tres grandes proyectos en Madrid: una superterminal
de carga aérea, una planta de tratamiento de residuos sólidos y la línea 11 de
Metro. Ni nos contestaron. Todo es dinero espolvoreado y teledirigido desde La
Moncloa”.
En el otro extremo del arco político, la
socialista Pilar Blanco-Morales Limones, vicepresidenta de Extremadura,
disiente: “Es verdad que en su diseño se podía haber ido más lejos en la
codecisión con las comunidades más que en la cogobernanza. Pero el Plan está
funcionando. No es a fondo perdido, es a cambio de reformas. España va a ser
diferente después de estos fondos; va a haber una transformación y una
reindustrialización digital y verde. En Extremadura hemos recibido 1.225
millones del Mecanismo, nuestra gran apuesta va a ser la modernización del
campo, de la sanidad y de la FP. Pero, sobre todo, la cohesión social. Es un
plan de país, para cambiarlo en su conjunto, no para hacer obras emblemáticas
en cada territorio como querían Madrid y Andalucía. Y no era eso. Es una
apuesta por una agenda social. Y eso sí lo hace este Plan”.
Si todo va bien y se cumple la agenda de
reformas e inversiones en tiempo y forma, llegarán a España hasta finales de
2026 un total de 160.000 millones de euros procedentes de los distintos
conceptos del Mecanismo. De ellos, 77.000 millones de euros, el 20% del total
consignado para los Veintisiete, no habrá que devolverlos. Es mucho dinero. Más
que la suma de todos los fondos de cohesión de las tres pasadas décadas. A los
que hay que añadir 84.000 millones en préstamos blandos, 2.600 millones del
mecanismo REPowerEU (para independizar a Europa de los combustibles rusos antes
de 2030) y otros 36.000 de los fondos de cohesión y desarrollo clásicos. Muchos
millones en poco tiempo.
España se ha caracterizado por absorber
con lentitud los fondos clásicos de la UE; siempre en tiempo de descuento según
la regla N+3, que le otorgaba tres años de gracia después del plazo de vigencia
del presupuesto europeo. Los absorbía, pero despacio y tarde. La Administración
no daba para más. Era exasperantemente lenta. Escasamente digitalizada.
Puntillosa en la contratación y subvenciones. Estricta en el control ante y
post. La filosofía que le habían inoculado desde los recortes de 2011 era no
soltar un euro. Para la vicepresidenta Calviño, “con el PP, el mantra era no
gastar y ha habido que cambiar esa obsesión por el ahorro. La derecha, a la
inversión la llama despilfarro. Y ahora nos toca invertir en el futuro”. “La
Administración española ha sido entrenada para no abrir la cartera; tiene una
cultura muy profunda del riesgo cero”, explica un miembro del Gobierno. “Y es
difícil reformarla cuando al tiempo le estás pidiendo el máximo. Y a eso súmale
los controles de la UE. Nos jugamos demasiado en poco tiempo”.
Porque aquí llega la letra pequeña del
Mecanismo: el día 31 de diciembre de 2026, cuando suenen las campanadas, deberá
estar concluido. Esa fue la exigencia de los Estados frugales. Todo el dinero
tendrá que estar desembolsado por Bruselas y empleado por España. Y lo mismo
ocurrirá con el conjunto de los socios, donde se ha ejecutado menos de un
tercio del dinero consignado en el Mecanismo. Si sobra, no está muy claro a dónde
irá el dinero: si se ampliará el periodo para gastarlo (algo por lo que suspira
el Gobierno español), si se transferirá a los fondos clásicos, si se utilizará
para la reconstrucción de Ucrania o si se dotará un nuevo fondo comunitario
para apoyar a la industria europea frente al ascendente proteccionismo de Joe
Biden a favor de la industria estadounidense.
El Mecanismo de Recuperación no fue
concebido como un mero respirador para reanimar a unas economías agonizantes
tras la covid (como la española, que se iba a contraer casi un 11% en 2020, el
mayor descalabro en la zona euro debido a su estructura económica basada en el
turismo y los servicios personales). Estos fondos no podían ser un mero parche.
Se trataba de provocar la transformación de la Unión Europea (“a la fuerza
ahorcan”, resume Ignacio Niño, senior advisor de la consultora EY).
Modernizarla, cohesionarla, empoderarla y salvarla de la intrascendencia en la
que estaba cayendo frente a Estados Unidos y China. En ese sentido, la gran
apuesta hoy de la UE es su autonomía estratégica.
Equipo del
servicio de atención integral del trastorno del espectro autista del Hospital Gregorio
Marañón (foto)
Pero en julio de 2020 era una Europa
fracturada entre el norte y el sur; fragmentada; con un Ejecutivo (la Comisión
Europea) recién aterrizado y frágil al mando de la conservadora Ursula von der
Leyen, una presidenta novata en Bruselas y no apoyada con entusiasmo por la
derecha europea (y odiada por la ultraderecha) aunque aupada por Merkel y
Macron (y después por Sánchez, que se convertiría en su más fiel aliado); una
Europa que acababa de concluir el traumático proceso del Brexit y arrastraba la
cicatriz de la crisis financiera; apocada ante la provocación de Putin, y que
se movía entre la desafección de sus ciudadanos hacia sus líderes, el ascenso
de los populismos, y el auge de la extrema derecha. Por contra, la pandemia
de 2020 y la subsiguiente crisis (la más grave desde la II Guerra Mundial)
debían convertirse en una gran oportunidad; el desencadenante de un cambio de
modelo económico. Para sobrevivir, Europa debía ser más verde,
digital, feminista, cohesionada, social, productiva, competitiva e innovadora.
Era a vida o muerte.
Centro de FP
Aguas Nuevas, de Albacete, colocados detrás de uno de sus drones hidrogeno-propulsados
(foto)
Pedro Sánchez tensó el nudo de su
corbata burdeos y saltó con media sonrisa a la rueda de prensa mientras
amanecía en Bruselas el martes 21 de julio. Duró una hora. “La UE sale mucho
más fuerte y los europeos salen ganando”, concluyó. Una hora más tarde, el
presidente y su mínimo equipo volaban en el Falcon 900 de la Fuerza Aérea con
dirección a Madrid. Después, el helicóptero Super Puma. Le aguardaba en La
Moncloa su Consejo de Ministros. Y el paseíllo y cerrada ovación de sus
titulares coreografiado por Iván Redondo. Durante el trayecto aéreo no había
abierto la boca. Y fiel a su frugalidad alimentaria y su obsesión por la forma
física, mordisqueó distraído unas almendras. El reto estaba superado. Había
conseguido los fondos. Contra pronóstico. Más dinero a fondo perdido que ningún
otro país. Pero eso ya era historia. Fiel a su carácter ejecutivo (y de ir en
política un paso por delante), estaba decidido a que España fuera el primer
país en elaborar un plan y que este fuera el más ambicioso de los Veintisiete;
el primero que la Comisión visara y el primero que recibiera la prefinanciación
de 9.037 millones. Y que estuviera en cabeza para el primer, segundo y tercero
desembolsos. Como ha ocurrido en estos dos años en los que España ha encabezado
su ejecución. El 31 de marzo recibió los 6.000 millones del tercer pago y se
espera que, una vez preaprobada la reforma de las pensiones (a pesar de la
pataleta de Feijóo en su visita a Bruselas a finales de marzo), llegue el
cuarto (de 10.000 millones) a finales de este año.
Deprisa, deprisa. Algunos analistas se
interrogan: “¿Qué era más adecuado, hacer un plan tan rápido, dado que
necesitábamos que la economía experimentara un súbito shock contra-cíclico, o
hacerlo mejor, pero tardando más?”. “Es una buena pregunta y no tengo la
respuesta”, añade un miembro de la Administración. O como reflexiona Chus
Escobar, socia responsable de sector público de EY: “¿Era conveniente hacerlo
más tarde para hacerlo mejor? Creo que no”. En cualquier caso, para Sánchez,
había que ejecutarlo a toda máquina. Ya antes de julio de 2020 tenía a Nadia Calviño y Manolo de la Rocha
pergeñando el asunto. Calviño lo plasmaría en un dossier de cinco folios donde,
según recuerda, “no partíamos de cero. Ese documento reunía mucho trabajo
previo con nuestra Agenda del Cambio [de febrero de 2019], los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el programa electoral del PSOE.
Teníamos claro qué reformas e inversiones había que acometer, pero hasta ese
momento no habíamos tenido el dinero”.
Nadia Calviño era la mejor cuña de
Sánchez en la negociación en Bruselas. La vicepresidenta conocía el tejido
productivo español y era experta en transformación digital. Y, además, después
de 12 años en la pomada de las instituciones europeas, dominaba los resortes
del poder en la Comisión, hablaba su idioma y tenía una amplia red de
contactos; por ejemplo, con dos personajes clave en la fiscalización de los
fondos: el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis (conservador), y el
comisario Paolo Gentiloni (progresista). Ambos se han posicionado
inequívocamente a favor de España en todo este dossier. “Yo tenía el
presupuesto europeo en la cabeza”, resume Calviño, que se ha ido despojando de su
prístina imagen de tecnócrata incolora. Cuando se le pregunta si se considera
más una técnica o una política, responde escueta: “Siempre he sido una
progresista”.
Miembros de la
comunidad energética de Luco de Jiloca (Teruel), que ha recibido 20.000 euros (foto)
¿Por qué tenía tanto interés Sánchez en
ser el primero? Para un miembro de su equipo, “el presidente marcó el rumbo
estratégico y siempre tuvo claro que teníamos que ir por delante. Representaba
colocarnos bajo el foco, conseguir los titulares, ser los alumnos aventajados
de la Comisión, demostrar de lo que España era capaz. Si no acelerábamos, no
lograríamos gastar tanto dinero. Y también teníamos que ser los primeros en
pescar las grandes inversiones extranjeras, que han aumentado en España hasta
un récord de 35.000 millones de euros. Por ejemplo, con la llegada de
Volkswagen a Sagunto (Valencia), donde va a crear una gigafactoría para
producir baterías para coches eléctricos: nosotros ponemos 600 millones y ellos
invierten 10.000. Y hay otras cuatro multinacionales del sector interesadas. Y
eso es por los fondos”. Algo en lo que coincide Calviño: “Encadenar dos años de
un crecimiento tan fuerte, del 5,5%, y con niveles récord de empleo solo se
entiende por las reformas e inversiones del Plan de Recuperación”. Aunque
también es cierto que el nivel del PIB precrisis aún no se ha alcanzado en
España. “Lo macro está funcionando”, analizan Ignacio Niño y Chus Escobar,
expertos de EY (una de las big four de la consultoría).
“A corto, hay una movilización de la economía. Hay dinero, datos de
crecimiento del empleo, confianza empresarial. ¿Y cuando pasen los años? La
cuestión es si habrá más industria; si será más digital, resiliente,
descarbonizada, relevante; con tecnología propia; con un mercado laboral más
flexible, pensiones sostenibles, gente mejor formada. ¿Qué quedará de todo
esto? Esa es la duda”.
Los fondos suponían, además, para
Sánchez un excelente vehículo de propaganda. Grandes expectativas. Tres mil
euros por ciudadano. Un programa de legislatura. Bruselas aprobó a toda prisa
el plan español en julio de 2021. Pero el Gobierno se había adelantado una vez
más. En los Presupuestos Generales para ese año ya había contemplado 26.634
millones de euros con los que arrancar deprisa, deprisa. Gracias a esa inyección,
el presupuesto ha sido expansivo; sin ella, hubiese sido restrictivo. Las
elecciones generales eran a finales de 2023. Un año que culminaría con la
presidencia de Sánchez del semestre europeo. Y el Gobierno iba a aprovechar la
transformación del país como un escaparate político. Pero la derecha no se
quedó sentada. Y se puso en marcha —política, analítica y mediáticamente— para
desacreditar el plan.
Desde que en diciembre de 1992 el joven
líder de la oposición José María Aznar atacara con saña al presidente Felipe
González, que estaba batallando en Bruselas por la obtención de los primeros
fondos de cohesión europeos, con una frase para la historia: “Gasta en España
como si fuera un nuevo rico, mientras fuera mantiene actitudes mendicantes y de
pedigüeño”. Los sucesivos fondos gestionados por gobiernos de distinto color
han estado siempre fuera del radar de la contienda política. Era un asunto de
Estado que no formaba parte de la agenda. Sin embargo, cuando Sánchez convirtió
el Plan de Recuperación en un elemento de ventaja, el líder de la oposición,
Pablo Casado, le dirigió los primeros crochets al mentón, por “el uso
partidista que está haciendo de los fondos”. Y concluiría la faena con esta
frase memorable: “El socialismo solo se acaba cuando se le acaba el dinero de
los demás”. Como reflexiona la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, “la
derecha estaba dispuesta a que España se hundiera para levantarla ellos”.
Hasta el abrupto final de su mandato,
Casado se dejaría caer regularmente por Bruselas para desprestigiar ante la
Comisión Europea el uso de los fondos por el Gobierno español. Con escaso
éxito, porque la presidenta del ejecutivo comunitario Ursula von der Leyen
actuaba a continuación de cortafuegos alabando a través de Twitter el desempeño
de Sánchez: “Enhorabuena, España”. “Felicidades, España”. Von der Leyen, cuya
sintonía con el presidente español es evidente, se jugaba mucho con el éxito de
Sánchez. Los fondos eran una parte sustancial del programa de legislatura de su
Comisión. España tenía que abrir camino, ser el conejillo de Indias, tirar del
resto. Si fracasaba, Von der Leyen tendría pocas posibilidades de ser reelegida
en 2024. Por eso echaría una mano a su discípulo más aventajado a la primera
ocasión en que lo necesitara.
Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo
al poder de la calle de Génova se mantendría ese frontal desacuerdo con el
Gobierno. Feijóo, lego en política exterior, necesitaba su minuto de gloria
diplomática. La discrepancia llegaría hasta el punto de alabar el 23 de marzo
la conflictiva reforma de las pensiones de Macron en Francia y echar por tierra
la de José Luis Escrivá, gestionada en Bruselas directamente por este ministro,
preaprobada por la Comisión y que supondrá para España recibir 10.000 millones.
En un documento de prospectiva del equipo económico de Feijóo advierten que, si
llegan al Gobierno a finales de este año, “se puede llevar a una modificación o
rediseño del Plan”.
De pronto, los fondos europeos estaban
de moda, pero para mal. Y los medios conservadores abrían sus ediciones con la
supuesta congelación de los desembolsos por parte de Bruselas debido a la mala
praxis de Sánchez. Era falso. El clímax llegó el 14 de octubre de 2022 con una
información de la agencia Bloomberg: “España se arriesga a perder dinero del
fondo de recuperación por fallar en los plazos”. El diario ABC extendió esa
noticia y le dedicó un editorial titulado ‘Europa desconfía del Gobierno’. Y
remató Isabel Díaz Ayuso con un tuit: “La UE congela los fondos de recuperación
para España hasta que detalle en qué se los gasta”. Era fake news. La guerra
sin cuartel. Y, como refuerzo, saltó al cuadrilátero la eurodiputada
conservadora alemana Monika Hohlmeier y en una entrevista con ABC lanzó además
al aire el globo sonda de la corrupción: “Iremos a España porque su Gobierno no
nos dice dónde están los fondos”.
El director del Barcelona Supercomputing
Center, Mateo Valero, junto a algunos investigadores del centro.
Hohlmeier es pata negra de la política
europea. Hija del que fue presidente de Baviera y ministro federal, el líder de
la conservadora CSU Franz Josef Strauss, preside la comisión de control
presupuestario del Parlamento Europeo, muy temida, pero en esta ocasión
marginada de la fiscalización del Mecanismo. De ella dijo el semanario alemán
Der Spiegel en 2003: “Se jugó su herencia, era torpe, descontrolada y ávida de
poder”. Cordial enemiga de la también alemana Von der Leyen en las partidas
simultáneas por el poder en Bruselas (en la que Hohlmeier juega a favor del
bávaro Manfred Weber como próximo presidente de la Comisión), no tiene ningún
control sobre el despliegue del Plan. Sin embargo, jaleada por la derecha, se
empecinó en que España no lo estaba haciendo bien. Y se transmutó en mujer de
negro. Pretendía dar una patada en el culo de Ursula von der Leyen a través de
España. Se peleó epistolarmente con María Jesús Montero y Calviño, para
excitación de la prensa conservadora. Después aterrizó en Madrid el 20 de
febrero. Habló durante tres días con las ministras y ministros; los consejeros
y las consejeras; los consultores, empresarios y periodistas. Y no encontró
nada de nada. Así lo confirmó al final de su visita de inspección: “No se ven
indicios de fraude o infracción”. Sin embargo, a preguntas de este periodista,
volvió a las andadas: “Seguimos sin saber dónde está el dinero”.
El dinero está. Han llegado a día de hoy
a España 37.030 millones de euros. Mediante transferencias de la Comisión
Europea a una cuenta numerada del Banco de España a nombre del Tesoro. Sin
embargo, ya desde diciembre de 2020, el Gobierno había incluido en los
Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023 los 77.000 millones
prometidos por Europa para adelantar la ejecución de las inversiones y reformas
a los tres primeros años. Según Calviño, “ya se han resuelto convocatorias de
ayudas y licitaciones de fondos por más de 23.500 millones de euros, que
financian casi 300.000 proyectos. Un 55% de los beneficiarios son empresas y
centros de investigación”.
El dinero está. Y se controla con
enfermiza minuciosidad comunitaria. Quizá por ello su despliegue se realiza a
una velocidad menor de la prevista. Y es complicado saber cuándo llega “al bolsillo
de la gente”, dado el complejo funcionamiento de la contabilidad nacional que
contempla en los desembolsos las fases de “autorizado, comprometido, obligado y
pagado”. En cualquier caso, es dinero que está comprometido por el Estado con
sus destinatarios finales. Y esa es la clave para poner en marcha un proyecto.
Sin embargo, según un alto cargo socialista, “llevamos un decalaje de seis
meses”. Para otra miembro de la Administración, “el efectivo pagado es menor
del deseado, pero es que a las normas de control de la UE hay que sumar las
españolas. Pero desde Bruselas nos siguen enviando el dinero, luego no lo
estaremos haciendo tan mal”.
SEGUNDA PARTE
El País Semanal ha visitado durante
meses proyectos financiados por el Plan de Recuperación en España, de Tenerife
a Teruel y de Sevilla a Barcelona, pasando por Albacete y Madrid. Sus
beneficiarios relatan que no ha sido sencillo obtener el dinero; que las
convocatorias son complicadas, y la Administración, una jungla en la que es
difícil adentrarse sin asesoramiento, tesón y paciencia. Pero lo han
conseguido. Quedan por llegar miles de millones. Y el resto es política.
*[Foto guapa]
Expansión del deporte
femenino. Fútbol tinerfeño con nombre de mujer: María José, Paola,
Gisela, Silvia, Sandra, Pisco, Charo y el resto de las jugadoras del UDG
Tenerife Egatesa son profesionales de la Primera División Femenina de fútbol,
pero cobran menos que cualquier hombre de Segunda. Llevan 10 temporadas en la
categoría máxima; han conseguido permanecer en la mitad de la tabla a base de
coraje; se baten cada fin de semana con el Barcelona, el Real Madrid y los
otros grandes, pero no tienen estadio propio ni a veces agua caliente ni luz en
su vestuario. Juegan de prestado en el campo municipal de La Palmera, en la
localidad tinerfeña de Granadilla de Abona, que carece de hierba natural, un
lugar digno para cambiarse, enfermería, gimnasio o un espacio para ser tratadas
con intimidad por su fisio. La imagen del conjunto de las instalaciones por el
que tienen que estar constantemente agradecidas es lamentable.
Algo que contrasta con su entusiasmo y
energía mientras entrenan ataviadas con el uniforme granate y rosa y retumban
sobre una vieja moqueta polvorienta que finge ser césped sus gritos, regates y
balonazos. Desde que ascendieron a Primera en 2015, se encuentran al borde del
precipicio al no poder continuar usando este campo por desacuerdos con el
Ayuntamiento, algo sobre lo que este desvía su responsabilidad al Gobierno de
Canarias. El golpe de fortuna llegó el año pasado, cuando el club recibió
1.327.072 euros de los fondos del Plan de Recuperación a través del Consejo
Superior de Deportes (CSD). Eran cerca del 10% de los 16 millones de Bruselas
que el Gobierno ha dedicado al fútbol femenino de un total de 300 millones del
Mecanismo destinados al deporte español. El presidente del CSD, José Manuel
Franco, explica que España es el único país que ha incluido el fomento del
deporte femenino entre los fines de los fondos europeos. “Nuestra idea es
relanzarlo (con el fútbol como locomotora) transfiriendo a las comunidades ese
dinero para que construyan unas instalaciones tan dignas como las masculinas. Y
así atraigan las audiencias y los ingresos de taquilla y de las transmisiones.
El fútbol femenino va a ser un gran negocio (esta es su primera temporada como
Liga Profesional), pero hay que conseguir que sus jugadoras tengan un convenio
justo y cobren un salario como los hombres. Y cuenten con instalaciones
decentes. Algo que muchas veces no pasa”.
Siempre al lado de las chicas del UDG
está Sergio Batista, su presidente, un abogado apasionado del fútbol que ha
tirado del carro en los peores momentos. “Con el deporte femenino, a la gente
se le llena la boca, pero la realidad está muy lejos”, explica. “Yo he tenido
que aguantar aquí demasiado machismo: como si las mujeres quisieran quitarles
el sitio a los hombres. Pero en EE UU, el fútbol femenino ya arrasa frente al
masculino”.
Con sus 1.327.072 euros, el equipo de
Granadilla tiene que “acometer las mejoras estructurales necesarias para la
competición, con unos estándares de calidad, igualdad y sostenibilidad”. Algo
que el Ayuntamiento de la localidad no está poniendo fácil. Si no consiguen el
permiso del Consistorio, tendrán que devolver el dinero. Como en otros
sectores, una cosa es Bruselas y otra la complicidad de la Administración. Y no
siempre reman en la misma dirección. Mientras, María José, Paola, Gisela,
Silvia, Sandra, Pisco, Charo y el resto de las chicas no pierden el valor ni la
sonrisa.
*[Foto guapa] Vehículo eléctrico y
conectado. De Sevilla al espacio: Ángeles Martín Prats es física y doctora en
Ingeniería Eléctrica, pero su pasión es el espacio. En 2011 creó contra viento
y marea Skylife, una start-up de alta tecnología que hoy cuenta con 75
trabajadores (la mayoría jóvenes ingenieros que no querían abandonar España),
dedicada a la electrónica de potencia, la aviónica y los sistemas electrónicos
de aplicación aeronáutica. Entre sus clientes está Airbus.
El año pasado recibió 788.000 euros
dentro de la convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado
(financiado por el Plan de Recuperación con 4.300 millones de euros) por su
participación en el diseño y desarrollo de un nuevo sistema de recarga
ultrarrápida para vehículos eléctricos, que dispondrá de estaciones modulares
basadas en criterios de sostenibilidad. “Hay en España solo el 3% de los
cargadores que se necesitarán en 2030″, explica.
“Tenemos que llegar a 100.000 puntos de
recarga para cumplir los hitos contraídos con la UE. Y los cargadores actuales
tienen la cuarta parte de potencia que el que hemos desarrollado para este
proyecto que compartimos con la catalana Wallbox Chargers. El nuestro tiene más
potencia que los anteriores, por la tecnología avanzada que hemos desarrollado,
que es la que incorporan los aviones. Somos especialistas en miniaturización de
equipos, y esa experiencia nos ha servido en este proyecto y también para
reducir su impacto sobre el medio ambiente, que es una de las claves. Lo que
antes era una parada de una hora para hacer 350 kilómetros, con nuestra
tecnología serán 10 minutos. El tiempo de un café”.
*[Foto guapa] El poder de los chips. La innovación se da
cita en Barcelona. Europa apenas produce chips, esos minúsculos semiconductores
sobre los que el mundo avanza hacia la transformación digital: de los coches
eléctricos y los dispositivos móviles al internet de las cosas o la industria
de defensa. Su monopolio lo comparten Taiwán, Corea del Sur, Japón y, en menor
medida, Estados Unidos. Una peligrosa dependencia de la UE en un tiempo en que
lucha por la autonomía estratégica. En septiembre de 2021, la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, promovió la Ley Europea de Chips para
“crear un ecosistema de chips de vanguardia”. En esa línea, la UE movilizará
43.000 millones con el objetivo de fabricar en Europa el 20% de los chips
mundiales. Para arrancar ese sueño, ha sido clave la financiación de los fondos
del Plan de Recuperación que el Gobierno español ha materializado en el Perte
de microelectrónica y semiconductores, un proyecto dotado de 12.250 millones
que pretende arrastrar una cantidad muy superior de inversión privada. El
Barcelona Supercomputing Center (BSC) es el corazón de ese gran proyecto.
Acceder al BSC, el centro puntero de la
computación en España y hogar del supercomputador MareNostrum, supone
sumergirse en un perfecto modelo de colaboración entre administraciones (está
financiado por el Ministerio de Ciencia, el Departamento de Economía de la
Generalitat y la Universidad Politécnica de Cataluña) y también en un templo de
la investigación. Su director, el ingeniero de telecomunicación Mateo Valero,
define esta institución en dos vertientes “como un centro de investigación
formado por más de 500 científicos y, por otro lado, como un centro de
servicios de supercomputación para la comunidad científica y académica”.
En torno al Plan de Recuperación, el año
pasado, el Gobierno de España y la supertecnológica estadounidense Intel (una
de las mayores compañías del mundo de circuitos integrados) firmaron un acuerdo
para invertir hasta 400 millones de euros (la mitad a cargo de Intel) con el
objetivo de poner en marcha un laboratorio conjunto con el BSC como eje. Se
sumarán decenas de millones de euros procedentes del Plan para otros proyectos
capitaneados por este centro barcelonés, desde el European Processor Initiative
y el computador cuántico Quantum Spain, que dirige la física Alba Cervera,
hasta la medicina de vanguardia en el marco del Perte para la salud de
vanguardia (dotado de 1.469 millones de euros), a través del cual se pretende
compartir un millón de genomas con otros países de la Unión Europea (encabezado
por el biólogo Alfonso Valencia, director del departamento de Ciencias de la
Vida); a la Unidad de Tecnologías del Lenguaje (en español y catalán),
encabezado por la lingüista Marta Villegas, en el marco del Perte de la nueva
economía de la lengua, que cuenta con 1.100 millones.
El BSC ya ha conseguido diseñar un
prototipo de chip bajo el código de Iniciativa Lagarto, que puede ser el
embrión de un semiconductor español. Está hecho, funciona y ha sido creado por
un equipo al frente del cual está el investigador Miquel Moretó. “Son muchos proyectos
y es mucha inversión”, analiza Mateo Valero. “Pero tiene que ser sostenible.
Porque, si inyectas mucho dinero y no lo empleas bien, cuando se acaba, se cae
el andamio. Que los fondos no sean salida de caballo y parada de burro”.
*[Foto guapa] La formación
profesional se lleva el 1,5% del Plan de Recuperación, y dos centros de FP de Albacete suman una millonésima
parte del total de los fondos: El aula magna del Centro Integrado de Formación
Profesional Aguas Nuevas es una luminosa nave industrial donde un grupo de
alumnas y alumnos destripan un reactor y varios helicópteros. Truenan sobre sus
cabezas los cazas Eurofighter de la vecina base aérea de Los Llanos. Albacete
se ha convertido en un hub aeronáutico gracias a esa veterana base aérea, la
planta de helicópteros Eurocopter, la maestranza aérea, el centro logístico de
la compañía Airbus, la escuela de pilotos de la OTAN y este instituto de FP que
proporciona a sus estudiantes las más altas cualificaciones aéreas europeas en
aeromecánica y aviónica. El currículo del centro se completa con la
especialización en innovación agraria y, sobre todo, en energías renovables.
Sus graduados son solicitados por empresas de todo el mundo, especialmente en
EE UU. Parte de la energía que consume este instituto procede de un huerto
solar creado por sus propios alumnos.
Juanjo González Cifuentes, ingeniero
industrial, es desde hace dos décadas su apasionado director. “Durante muchos
años, la FP ha estado estigmatizada en España, pero en los próximos años, el
82% de los puestos de trabajo de calidad que se van a crear en la UE son de
formación profesional. Con la actual ley, toda la formación está dualizada; cada
programa está acompañado por empresas, con las que trabajamos y que transfieren
el conocimiento resultante a la sociedad. Nuestra obligación es conectar la
educación con la realidad del mercado”. Este centro educativo, al que daba
nombre un humilde poblado de colonos creado por Franco a seis kilómetros de la
capital, nació como una escuela de capataces. Hoy es el referente de la FP y ha
realizado 150 proyectos de innovación y transferencia del conocimiento que han
contado con financiación de la UE.
El Plan de Recuperación ha asignado
2.076 millones de euros al Perte de impulso de la formación profesional. La FP
es uno de los pilares de las reformas e inversiones pactadas con Bruselas. En
el Centro Aguas Nuevas, el proyecto más innovador financiado por los fondos es
el diseño, construcción y ensayos de cuatro prototipos de avión no tripulado,
operados por control remoto y propulsados por pila de hidrógeno, en
colaboración con el Instituto Illa dels Bagnols, de El Prat de Llobregat. Cada
uno ha conseguido 80.000 euros. Uno de sus profesores, el ingeniero Ángel
Villalba, es el alma del experimento, en el que se afanan una docena de
alumnos. “Es un proyecto que reúne todos los pilares de la UE: formación,
innovación y transición ecológica. España puede ser un referente tecnológico en
producción y aprovechamiento del hidrógeno renovable. Y este avión vuela”, dice
Villalba.
Además, el Aguas Nuevas ha sido
seleccionado para otros proyectos financiados por la Unión Europea, con los que
conseguirá 200.000 euros más para subvencionar desde el aprendizaje de sus
alumnos a través de la realidad virtual (por el que ha recibido 120.000 euros a
compartir con el Instituto Ana Luisa Benítez, de Las Palmas) hasta la
innovación en la gestión de plantación de árboles frutales (con 122.000 euros
de nuevo junto al citado instituto insular). Su director concluye: “Todo lo que
vemos que está financiado por los fondos son aún proyectos, pero abren un
camino que en su día transformará la sociedad”.
*[Foto guapa] La doctora Mara
Parellada dirige el equipo de Atención Médica Integral (a personas con)
Trastornos del Espectro del Autismo
en el hospital Gregorio Marañón, de Madrid. Medicina de vanguardia. Los datos
vencen a las enfermedades:
Hasta el 80% de las personas que padecen
el trastorno del espectro autista (TEA) no saben a qué se debe su discapacidad.
Hay medio millón en España. Ante ese vacío, la psiquiatra Mara Parellada creó
en 2008 el primer servicio de atención integral del trastorno en el Hospital
Gregorio Marañón, de Madrid. Un espacio digno donde los niños y sus familias
pudieran ser atendidos de forma personalizada, desde la neurología a las
pruebas analíticas y el apoyo telemático, y que cuenta con 3.800 pacientes. “El
autismo no tiene cura”, explica Parellada, “pero, si se detecta pronto, mejora
la vida del que lo padece”.
Dentro del Perte para la salud de
vanguardia dotado por el Plan de Recuperación (que combina la medicina con la
biología computacional), el equipo del Marañón coordina un proyecto de
investigación dotado con más de 3.000.000 de los fondos para consensuar las
causas, el diagnóstico y el tratamiento del autismo en colaboración con los
hospitales Virgen de Arrixaca, de Murcia; Virgen del Rocío, de Sevilla; Clínic,
de Barcelona; Universitario de Navarra, Universitario de Santiago, el Instituto
Carlos III y el de Investigación Biomédica de Navarra. El programa reclutará a
1.000 niños con ese trastorno en esas seis comunidades como una muestra que
genere conocimiento trasladable a la práctica hospitalaria. “Con ese dinero
vamos a volcar la investigación a una base de datos que le sea útil al médico
para que encuentre la causa del autismo de forma más fácil. Se trata de
localizar más casos, más rápido e intervenir sin perder tiempo”.
*[Foto guapa] Luco de Jiloca
cuenta con este huerto solar
situado en lo más alto del pueblo. Comunidades energéticas. La autonomía de un
pueblo: Para comprender qué es la España vacía solo hay que trepar hasta el
huerto solar de Luco de Jiloca, a una hora de Teruel; sentir el cierzo, mirar
hacia el río Jiloca, contemplar el puente romano y el viejo molino, y darse
cuenta en esa inmensidad de que no hay nadie en kilómetros a la redonda. En
Luco hay empadronadas 27 personas. La mitad que hace una década. Se vive del
cerdo y el cereal. Su estrecha carretera está desierta y muchas casas
abandonadas o al borde de la ruina. Solo hay un niño. En el viejo bar del
teleclub (que regenta una pareja de origen rumano) no entran más de una decena
de lugareños al día.
Tras vivir en Brasil durante 15 años, el
ingeniero Carlos Ariñez, natural del lugar, volvió a esta tierra después de la
pandemia con una idea en la cabeza: “Crear una comunidad energética aupada por
los fondos europeos, que fuera un motor del cambio y anclara a la gente a este
territorio. Quería que generáramos electricidad fotovoltaica para nuestro
consumo, incluso para tener un beneficio si había excedente, pero sobre todo lo
veo como un generador de oportunidades; como un motor de cambio. Si la
electricidad te sale gratis, es un incentivo para quedarte o para instalarte
aquí con tu familia”.
Ariñez, junto a María Navarro y Carlos
Martín, se pusieron manos a la obra. Primero consiguieron dinero del Fondo de
Desarrollo Regional de la UE. Y, más tarde, 20.000 euros del Plan de
Recuperación, con los que ampliaron el número de paneles solares, crearon un
sistema de monitorización y software para saber la producción y el consumo de
cada socio, e instalarán un centro de recarga para coches y bicicletas
eléctricos. No fue una tarea fácil. “Para conseguir los fondos hay que tener un
máster. Fuimos muy pesados; nos sabíamos los trucos administrativos, pero nunca
pensamos que el proceso iba a ser tan largo. Crear una comunidad energética
puede llevar tres años de tramitaciones. Hay mucho desconocimiento en los
ayuntamientos, lentitud y palos en las ruedas. Tardamos un año en conseguir un
permiso de Industria. Y las limitaciones del plan urbanístico son terribles. No
hay un manual de instrucciones. Pero ahora ayudamos a otros pueblos que quieran
seguir nuestro camino. Ya hay algunas comunidades energéticas en Navarra y el
País Vasco; y también podrían ser bloques de vecinos, pero está todo por hacer.
Ciento sesenta pueblos de Teruel podrían hacer lo que nosotros iniciamos; ahora
es el momento y Europa te ayuda, pero presentarlo en tiempo y forma es
complicado”, dice Ariñez.
La comunidad energética de Luco es una
cooperativa compuesta por 27 socios, 25 vecinos de la localidad, una empresa
local y el vecino Ayuntamiento de Calamocha. Cada uno puso algo más de 1.000
euros. Hoy cuenta con un huerto solar con 92 placas capaz de producir 65
kilovatios. Ariñez dice que cada socio amortizará su inversión en tres años.
“Esto es un grito de esperanza para provocar la tendencia inversa al
vaciamiento y el abandono de España”.
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